Durante décadas, la relación entre las comunidades locales y las autoridades de conservación en el Parque Nacional Tunari de Bolivia estuvo marcada por tensiones. La creación del área protegida se percibía a menudo como un obstáculo para el desarrollo rural, lo que derivó en la destrucción de bosques nativos y la pérdida de funciones ecosistémicas vitales. Nuestro proyecto no solo buscó plantar árboles, sino transformar esta dinámica de raíz, demostrando que, con las alianzas adecuadas y modelos financieros innovadores, las comunidades pueden convertirse en las custodias más poderosas de su patrimonio natural.
El desafío era claro: ¿cómo restaurar un paisaje crítico garantizando que quienes viven allí se beneficien directamente? Sabíamos que las subvenciones, aunque esenciales, no bastaban para generar el cambio duradero que se necesitaba. Nuestra estrategia fue usar el apoyo de la Darwin Initiative como catalizador para construir una coalición y aprovechar diversas fuentes de financiamiento, creando un programa de conservación verdaderamente sostenible y de propiedad comunitaria.
El poder de las alianzas: Desbloqueando inversión pública y privada
Nuestro primer paso fue generar confianza y formalizar alianzas con instituciones públicas clave. Firmamos acuerdos de cooperación con el Gobierno Municipal de Tiquipaya y el Gobierno Regional de Cochabamba. Esta colaboración fue más que una formalidad: se convirtió en un pilar de nuestra estrategia financiera. El gobierno municipal aportó recursos esenciales como terreno y servicios básicos para nuestro vivero principal, mientras que el gobierno regional contribuyó con decenas de miles de plantines anualmente desde sus propios viveros.
Este compromiso del sector público generó un fuerte efecto multiplicador. Cuando el proyecto invirtió £9.804 para mejorar los sistemas de agua destinados a agricultura y control de incendios, el municipio de Tiquipaya respondió con una contribución en especie valuada en aproximadamente £10.000, lo que a su vez ayudó a asegurar otros £10.000 de distintos donantes. Este enfoque combinado permitió la construcción de siete grandes reservorios de agua con una capacidad total de 1,5 millones de litros, una inversión que las comunidades no podrían haber financiado por sí mismas y un ejemplo perfecto de cómo subvenciones estratégicas pueden desbloquear inversiones públicas significativas para la naturaleza.
Un momento clave fue el establecimiento de una alianza con la iniciativa Acción Andina. Esta colaboración nos permitió crear un mecanismo innovador y financieramente sostenible para asegurar la reforestación a largo plazo: un fondo para el vivero. Por cada plantín plantado (hasta un límite anual definido), Acción Andina aporta £0,10 a un fondo administrado por las comunidades. En solo dos años, esto ha generado £28.000. Esta fuente de ingresos es transformadora: no solo cubre los costos operativos futuros del vivero, sino que brinda capital que las comunidades pueden utilizar como contraparte para sus propios proyectos de desarrollo sostenible, asegurando que el programa continúe mucho más allá del cierre del proyecto.
Este es un paso importante hacia el fortalecimiento de economías rurales a pequeña escala, que más adelante podrán consolidarse mediante mecanismos de financiamiento sostenible, nuestro objetivo final.
Un fragmento de bosque nativo altoandino. Más del 80% de los remanentes de este tipo de bosque se encuentran dentro del área del proyecto. Crédito: Rodrigo Soria-Auza.
Un comunario de Laphia transportando plantines de Polylepis para la reforestación. Crédito: Rodrigo Soria-Auza.
Un legado de empoderamiento
Si bien las cifras son impresionantes —más de 660.000 árboles nativos plantados y 1.000 hectáreas de bosques nativos declaradas como áreas de protección comunitaria al cierre del proyecto (marzo de 2024)—, el verdadero legado reside en el cambio de oposición a apropiación. Para 2025, al menos 1 millón de árboles nativos habían sido reforestados por más de 10.000 miembros de comunidades desde el inicio del proyecto en 2020. Esto fue posible gracias a la consolidación del Organismo de Gestión de Cuencas (OGC), una entidad formal de gobernanza liderada por representantes comunitarios, que ahora supervisa la protección de cuencas y bosques nativos en sus territorios. Crucialmente, también administra el fondo de reforestación, lo que les otorga autonomía para planificar y financiar su futuro. Esto ha impulsado un cambio cultural significativo: en una región donde los roles de liderazgo tradicionalmente han estado en manos de hombres, hemos apoyado activamente la participación de mujeres en puestos de decisión. Hoy, al menos tres mujeres son parte clave de la directiva del OGC, inspirando a otras y asegurando una conservación inclusiva.
Estas tres mujeres son lideresas comunitarias clave que surgieron como resultado de las actividades del proyecto con las comunidades locales. Sus nombres (de izquierda a derecha): Judith Gonzales, Uvaldina Luna y Aleida Bautista. Crédito: Daniela Aguirre.
Si hay una lección que compartir, es la importancia del tiempo. Construir relaciones profundas y basadas en la confianza, necesarias para una participación comunitaria efectiva, tomó mucho más de lo previsto. Respetar los procesos y tiempos internos de las comunidades fue esencial para asegurar su compromiso genuino.
Hoy, el municipio de Tiquipaya es reconocido como un modelo de protección de cuencas, superando la antigua idea de que conservación y desarrollo rural están en conflicto. Los municipios vecinos ya están replicando nuestras acciones. Este es el legado que más nos enorgullece: un modelo escalable y financieramente resiliente de conservación, que es propiedad, liderazgo y sustento de quienes más dependen de él.
Escrito por Rodrigo W. Soria-Auza, Daniela Aguirre-Torres, Omar Oporto-Daza e Iván Pérez-Hurtado. Publicado en Darwin Initiative.